El pelo en la sopa

Rita María Roesch Prensa Libre, 180806, página 16 “Se denomina cliente-explotador a quien paga por consumar actos sexuales con menores. Quien cometa este delito deberá ser sancionado”, declaró el Clarinero. Para redactar el artículo de hoy, que versa sobre las reformas al Código Penal para favorecer a la niñez, a la adolescencia y a la mujer guatemalteca, me comuniqué con Marvin Rabanales, de la Coordinadora Institucional de Promoción de los Derechos de la Niñez (Ciprodeni). Esta organización ha trabajado junto con otras instituciones públicas y privadas en los cambios al Código Penal que data desde 1973. Los cambios al Código se deben a que no están tipificados estos graves delitos: la explotación sexual comercial, la pornografía infantil, el trámite fraudulento de adopciones, el turismo sexual, la violencia intrafamiliar, la contratación ilegal de personas menores de edad, el matrimonio precoz ni el tráfico de órganos. (Da horror pensar a lo que están expuestas ahora nuestra niñez y juventud). Si no contamos con una legislación adecuada que permita castigar con severidad los abusos sexuales a los niños y jóvenes, la impunidad continuará acrecentándolos. Tampoco podremos desarrollar una cultura de rechazo en la sociedad guatemalteca. Persistirá la tolerancia debido a nuestra cultura machista para que prevenga, sancione y erradique estas actividades que atentan contra la vida de nuestra niñez. “Es inhumano saber que más de 15 mil niñas, niños y adolescentes son objeto de explotación sexual comercial en Guatemala”, agregó el Clarinero. La iniciativa 2630 del Congreso de la República -así también se le denomina al paquete de reformas que debería haber sido discutido y aprobado en tercera lectura ayer (17 de agosto), y que, en mi opinión, debió aprobarse como emergencia nacional y por unanimidad desde hace mucho tiempo- contempla penas más severas para los delincuentes. El licenciado Rabanales me explicó algunas de estas nuevas sanciones. Por ejemplo, para quienes se vean involucrados en actividades de pornografía infantil: quien la produzca será sancionado con 6 a 10 años de cárcel; quien la publique, con 4 a 8 años de cárcel; quien posea el material, de 3 a 5 años. Las penas aumentarán, en una tercera parte, si la víctima o víctimas son menores de 13 años. En el tema de turismo sexual y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, el proxeneta (persona que lucra con la explotación sexual comercial de personas menores de 18 años) será castigado con 6 a 12 años de cárcel. (En el Código Penal de 1973, la sanción se reducía a una multa de Q500 a Q2 mil). Las personas que integran la cadena de intermediarios como los taxistas, los dueños de hoteles, pensiones y bares (también meseros), salas de masaje, estudios fotográficos, podrán ser penalizados con 4 a 8 años de cárcel. Sin embargo, el licenciado Rabanales no pudo explicar la grave omisión que parece “un pelo en la sopa”, en este paquete de reformas al Código Penal (y aparentemente ninguna de las organizaciones que viene trabajando en esta iniciativa de ley reparó en ese vacío legal), cuando le pregunté cuál es la pena para el cliente-explotador. Ese individuo es el que paga por consumar actos sexuales con niños, niñas y adolescentes. Es la persona responsable en este problema y quedó libre de castigo. Esa gente sin escrúpulos es la que genera la demanda y contribuye a que esta denigrante actividad sea un negocio lucrativo manejado por redes de criminales en el mundo entero. (El cliente explotador puede ser de cualquier nacionalidad, edad, estado civil, profesión y clase social). El licenciado Rabanales comentó que era necesario que, cuando se aprueben por artículos estas reformas al Código Penal, se introduzca por adición el castigo al cliente-explotador. El cliente-explotador (¡llora sangre si no se le penaliza!) es el responsable de que cientos de miles de niños y jóvenes en Centroamérica y México vivan como esclavos, sometidos a vejaciones físicas, psíquicas y espirituales. No olvidemos que los menores no eligieron ser explotados sexualmente. Son criaturas vulnerables que han vivido desprotegidos socialmente. Que provienen de hogares donde han padecido violencia y abusos sexuales. No han tenido amor. No han tenido acceso a educación ni a servicios de salud. ¡A nada! Ellos tienen derecho a ser protegidos, al menos, por el Estado.