Si así los tratamos ahora

Carolina Escobar Sarti Prensa Libre, 120806, página 15 La explotación sexual, el turismo sexual, la pornografía o la trata de niños, niñas y jóvenes no se terminan sólo con leyes. En México y Centroamérica, 50 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual (Casa Alianza, 2002). No por nada el paraíso de explotación sexual infantil y juvenil se ha desplazado de los países del sudeste asiático a nuestra región, y particularmente a países como Guatemala, donde la impunidad es la norma. La ausencia de leyes en este tema, sumada a la pobreza de tantos y a la complicidad de quienes viven de este “negocio”, han tocado las más altas esferas e instituciones del Estado guatemalteco. A tal punto, que somos uno de los últimos países del istmo centroamericano en legislar sobre los delitos de naturaleza sexual. Y a pesar de que no soy de las que cree que ley hecha es sinónimo de problema resuelto, estoy consciente de que un marco legal adecuado es un buen principio para revertir la situación. Actualmente está otra vez en el Congreso de la República la iniciativa de ley 2630, que busca introducir algunas reformas al Código Penal. Ojalá los diputados la aprueben en tercera lectura y cumplan con su deber de aprobar leyes que verdaderamente beneficien al país. A partir de esta iniciativa, que ya ha sufrido algunas enmiendas y ha sido consensuada por diversos sectores como los de mujeres y niñez, todos los delitos de naturaleza sexual cambian. Incluso cosas aparentemente tan sencillas como el empleo del término “mujer honesta” se cambian, cuestionando de fondo las concepciones sobre las cuales se levanta todo nuestro sistema de valores. En una sociedad de moral pacata como la nuestra, la palabra sexo aún provoca escozor en muchos ámbitos, porque aunque todos lo practiquen e incluso muchos lo usen para abusar de otras personas más vulnerables, es algo que aún se maneja bajo los cánones de una sociedad machista que ante este tipo de situaciones se tapa convenientemente los ojos. Esta es una de las razones por las que este tema aún no encuentra asideros firmes en las instituciones políticas y de justicia del Estado guatemalteco. La explotación sexual comercial, el turismo sexual, la pornografía o la trata de niños, niñas y jóvenes no se terminan sólo con leyes. Detrás de cada niño y niña abusados, hay un “cliente”, un proxeneta, un tratante, un “voyerista” que se satisface viendo pornografía infantil, un promotor de turismo sexual, un intermediario, un productor y comercializador de pornografía infantil, una red organizada de infantoexplotadores, una impunidad obscena y, muchas veces también, la complicidad y el silencio de los familiares más cercanos de estas pequeñas víctimas. Según una entrevista realizada por la OIT/IPEC (2003), y volviendo otra vez a las cifras que algo nos dicen sobre el perfil de estos pequeños, un 98 por ciento de ellos está excluido del sistema educativo y un 20 por ciento había sufrido abuso sexual antes de los 12 años, sin que hubiese una denuncia de por medio. Además de lo anterior, el 52 por ciento dice haber sufrido insultos y humillaciones de la gente en general y, el 38 por ciento, haber sido despreciado por su propia familia. Estos seres humanos, casi entrando a la vida, están obligados a ver su lado más oscuro. En Guatemala a los más pobres, con sus excepciones, les van quedando dos opciones: entrar en este círculo de explotación sexual del que difícilmente podrán salir o quedarse en la calle. Ambos escenarios, para nada halagadores, si consideramos lo dicho recientemente en el Foro de Protección a la Niñez: en el 2005 hubo en todo el país aproximadamente 700 asesinatos de menores de edad en situación de calle, cantidad que podría ser superada en el presente año. Esta situación está posiblemente vinculada a una limpieza social. Si así trata hoy el Estado guatemalteco a sus niños, niñas y jóvenes, ¿cómo quejarnos de lo que será Guatemala mañana?