Somos un país rezagado

Jorge Luis Ortega Torres, Presidente de la comisión del Menor y la Familia del Congreso Prensa Libre, 270806, página 28 Protección a menores El Estado guatemalteco está obligado a proteger a los niños y adolescentes frente a la trata de personas, la prostitución infantil, la violencia y otras formas de vulnerar su derecho a tener una vida de calidad. Los diputados tenemos responsabilidad para luchar por los niños que no tienen voz. La Comisión del Menor del Congreso está sumamente preocupada, ya que Guatemala es el último país en Centroamérica en armonizar este tipo de delitos. Costa Rica lo aprobó en 1999, El Salvador en 2003, Panamá en 2004, Honduras en 2005, Nicaragua en enero de 2006 y esperamos que Guatemala lo apruebe este 29 de agosto. El riesgo que corre un país que ha quedado rezagado en esta reforma es que la ausencia de tipos penales, o penas muy leves, lo convierte en sede del tráfico de personas, sobre todo de menores de edad. En Centroamérica, el 58 por ciento de esas víctimas son guatemaltecas. La mayoría de las víctimas, un 98%, carece de educación, y más del 20% tuvo abuso sexual antes de los 12 años. Es vergonzoso que en Guatemala el delito de proxenetismo sólo sea sancionado con multa de Q500 a Q2 mil, cuando en Centroamérica y Latinoamérica se penaliza con 8 a 10 años de prisión. En el proyecto legislativo se crean y reforman delitos de protección a la niñez, a la mujer, personas con discapacidad, mujeres embarazadas en el tema de seguridad sexual. Se mejoran las tipificaciones de delitos como violación (se amplía a hombres) y se establece por cualquier vía, anal, bucal u/o la utilización de un objeto. Se crea el delito de violencia intrafamiliar, la dilapidación de bienes familiares, maltrato contra menores de edad, violación inducida (antes estupro), pornografía infantil, que tiene grandes vacíos legales. Este delito se desglosa en tipificaciones que van desde la promoción hasta la comercialización. Se adaptan nuevos delitos como la agresión a la actividad sexual, el cual se refiere a la manipulación de fotografías, videos y sonidos, que la tecnología permite el abuso contra la intimidad. También el sistema de impunidad permite “el perdón de la ofendida”, la “conciliación” posterior a la denuncia y lo más vergonzoso: permite el casamiento del agresor con la víctima de la violación como eximente de responsabilidad penal. En las reformas se eliminan las tres figuras que ponen a Guatemala en los últimos lugares a nivel mundial con tipos penales arcaicos y violadores de derechos humanos, tanto de los niños como las mujeres. En delitos contra la seguridad sexual, el Ministerio Público debe actuar de oficio aun con el perdón y sin la conciliación. Reconocemos que debemos hacer una reforma al sistema penal, al sistema penitenciario, leyes de prevención y una campaña educativa, porque el tema ya nos rebasó. Tenemos que reformar el código penal, para no generar tanta impunidad que el sistema permite. En el Congreso tenemos una gran responsabilidad para luchar por los niños que no tienen voz para expresarse.