Adopción, robo y abuso

Miguel Ángel Albizures
elPeriódico, 140806, página 16

Mucho se ha escrito respecto a las leyes de protección de la niñez y la adolescencia y hasta el momento los congresistas no dan muestras de preocupación ni voluntad política para aprobar reformas al Código Penal, que de por sí es obsoleto y no contiene penas severas a quienes se dedican al comercio sexual con la niñez; o legislar para que la adopción no sea un vil negocio y provoque el abuso contra madres indefensas o el robo descarado de niños y adolescentes que cada año aumentan.

Si de algo sirven las frías estadísticas para que la sociedad exija y los diputados tomen conciencia, se puede decir que en estos primeros seis meses del año, según la Dirección de Investigación Criminal de la PNC, se reportaron “1,100 personas desaparecidas y de ellas la mitad son infantes y unos 300 tienen menos de 5 años” (Alex Maldonado, Nuestro Diario 27/706) si estos hechos no tienen que ver con el negocio de las adopciones ilegales, la explotación sexual y el comercio con la producción pornográfica que se desarrolla en grande en Guatemala, ¿con que tiene que ver?, no se trata de los secuestros por rescate , sino de robos de niños y niñas o desaparición de adolescentes que encierran en casas que se dedican a ofrecer servicios sexuales con la niñez al turismo y nacionales degenerados.

Esta semana entran a debate en tercera lectura las reformas al Código Penal y esperamos que la actitud de los diputados no sea un simple levantón de dedos obedeciendo las instrucciones de los jefes de bancada, sino una decisión consciente de contribuir a penalizar drásticamente a quienes se dedican a estos negocios que atentan contra la dignidad y la vida de la niñez y adolescencia, desamparada por la irresponsabilidad de quienes, estando en puestos de poder y en el Congreso, se han negado a escuchar las denuncias de abusos y las peticiones de reformas a leyes que pueden disuadir a quienes hoy actúan con toda impunidad y les importa poco pagar multas, continuar libres y atendiendo las redes de comercio sexual que se extienden por toda el área centroamericana.

Las leyes no son la panacea pero contribuyen a dar pasos en la protección de la niñez y la familia, pues a ellas hay que agregar las acciones, la creación de instituciones y la inversión que garanticen a la niñez y adolescencia la protección para su pleno desarrollo. Esperamos que los diputados entiendan que, quienes nos pronunciamos contra la adopción ilegal, el robo y el comercio sexual de niños y niñas, no estamos suplicando nada, sino exigiendo que en su paso por el Congreso hagan algo constructivo para el futuro de lo más valioso que tiene un país: La niñez.