Es necesario proteger a la niñez

Carlos Cáceres La Hora, 110806, página 3 Sin estar autorizados por las leyes guatemaltecas, 18,771 menores de edad se trasladan a trabajar en forma documentada a las unidades agrícolas de producción en Chiapas. No se sabe cuantos atraviesan la frontera para laborar en forma indocumentada. Carecen de prestaciones y su salario, en ocasiones, llega al mínimo establecido. Las jornadas de trabajo son superiores a las ocho horas. Después de atravesar la frontera de Guatemala y llegar a Tapachula, cientos de mujeres y hombres -no se sabe exactamente el número e indocumentados-, con un promedio de edad entre 12 y 18 años, se desempeñan como trabajadoras domésticas y en la economía informal (vendedores de dulces o ropa y lustradores). Son guatemaltecas y guatemaltecos realizando actividades para lograr un ingreso económico que en su país no pueden obtener.La presencia de niñas y niños de nacionalidad guatemalteca en prostíbulos de municipios cercanos a la frontera, en Guatemala y México, impacta la dignidad de cualquier ser humano. Son víctimas de la trata de personas. Han sido secuestrados para trasladarlos a esos lugares o por medio de fraudes y engaños. Otros son obligados a vender drogas. Son menores de edad con graves implicaciones físicas y psicológicas. ¿La policía desconoce la realidad de los lupanares fronterizos? La existencia de casi un millón de niños y niñas trabajando en las ciudades, en la mayoría de los casos desarrollando actividades peligrosas, obliga a revisar su presencia en casas donde elaboran cohetes o picando piedras, para citar con brevedad. Por esta razón, sería importante conocer los criterios de las autoridades para no aplicar el Convenio 182 -aprobado por Guatemala- de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, en especial cuando señala: “Prestar la asistencia directa, necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social”. En el texto Entendiendo el trabajo infantil en Guatemala, editado por el Instituto Nacional de Estadística se afirma: “(…) 507,000 niñas y niños trabajadores están entre los 7 y 14 años de edad”. Este aspecto también significa destacar a menores de edad que “ayudan” en negocios familiares sin recibir salario, quienes realizan jornadas laborales en sus casas, y la cantidad de adolescentes, entre ellos, lustradores, cuidadores de carros o pidiendo limosna en las calles. Esta explotación a menores de edad afecta la Convención internacional sobre los derechos del niño, así como el Convenio 138 de la OIT relativo a la Edad mínima de admisión al empleo.Ante los factores anteriormente expuestos, debe destacarse la acción positiva, de carácter humanitario, que realizan organizaciones como la Agencia de Noticias A favor de la Niñez y la Adolescencia (La Nana). Entre otras actividades, ha denunciado la muerte de menores de 17 años y la violencia social por la falta de servicios y mejores condiciones para los menores de edad. La Nana forma parte de la Red ANDI (Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia). En Guatemala -dio a conocer recientemente La Nana- fallecen niños y niñas como consecuencia de diarrea, la segunda causa de muertes en menores de edad.Ante la necesidad de enfrentar jurídicamente la violencia social u otras formas de agresión a los derechos de la niñez y adolescentes en Guatemala, el Congreso de la República debe otorgar especial prioridad a las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y Código Civil. Falta aprobarlas en tercera lectura; sin embargo, los diputados deben considerar las propuestas y enmiendas presentadas por diversos sectores de la sociedad guatemalteca. De no ser así, se establecerán normas que no corresponden a la realidad socioeconómica del país. En la actualidad, la población menor de edad vive condiciones de inseguridad en Guatemala. Este hecho explica que es necesario adoptar medidas integrales de control, sanción y prevención para enfrentar acciones violentas contra la integridad física, sexual y emocional de ese sector de la población. Las penas privativas de libertad deben aplicarse a los explotadores y traficantes de seres humanos para responder en proporcionalidad al daño que han causado a menores de edad. Los derechos de la niñez deben impulsarse para que sean una forma cotidiana de vivir.