El pago millonario por adopciones aumenta el robo de niños

María del Mar La Hora, 120806, página 3 No hay dolor tan grande que pese más en la conciencia ciudadana que el robo de niños para su posterior venta. Acto criminal que retrata a un país débil, sin leyes, sin voluntad para atacar un flagelo salvaje, porque su acción provoca una guerra psicológica y material de daños incalculables en el entorno familiar y social, además de que palpa un peligroso vacío de autoridad en contra del crimen organizado, a pesar de que en Guatemala haya un exceso de leyes desafortunadamente las más descalificadas, mal interpretadas, inaplicadas y otras de voz caída en desuso. Este desorden paralelo a la falta de aplicación de la justicia se debe en gran parte a los legisladores que, desde hace varias décadas, han venido manejando las leyes a su sabor y antojo, por supuesto siempre favoreciendo sus intereses personales o de carácter partidista, asunto indigno que ha llevado al país a la calamitosa situación de absoluto desenfreno, y lamentablemente entre estos desenfrenos despiadados que lloran sangre, preocupa a la ciudadanía el robo de niños que, ante la pasividad e indiferencia de las autoridades encargadas de hacer justicia y del repudio generalizado de todo un pueblo traumatizado que clama justicia y respeto al derecho de vivir y trabajar en paz, clama una y otra vez que el Gobierno cumpla con el deber de resguardar la seguridad nacional como lo ordena la Constitución de la República, porque debido a la falta de ataque este flagelo pernicioso alcanza sumas aterrorizantes. ¿Cuál es el principal ingrediente que estimula el crecimiento del robo de niños, para su posterior venta como si se tratara de la época de los esclavos? No cabe la menor duda que son los millones de dólares que este hecho criminal reporta a los abogados sin escrúpulos que litigan estas negras transacciones y a las bandas organizadas de maleantes en las que se han involucrado además de algunos abogados, altas autoridades de justicia, diputados, la ex esposa de un ex magistrado, trabajadores de hospitales, ya que la edad preferida para consumar este ilícito es de cero a tres años; habiéndose mencionado también a un ex candidato presidencial. Qué tristeza, qué vergüenza que elementos que se desempeñan en el poder público, llamados a la protección ciudadana, sean los criminales que aterrorizan con sus actos ambiciosos y corruptos a la familia guatemalteca. Desafortunadamente las leyes no siempre se ajustan para resolver los problemas y la realidad de las comunidades, muchas veces por mala fe, por vacíos en el articulado o por ignorancia, aun cuando la ley no permite el desconocimiento de sus mandatos. Pero cuando las leyes fallan ¿qué se hace?, se cambian, se actualizan y cuando existen “lagunas” se crean nuevas normativas para asegurar la justicia en todos los órdenes sociales, por ello, desde ya es importante tomar cartas en el asunto y agilizar una ley que regule y garantice la seriedad y limpieza de las adopciones de niños desamparados o en situación de riesgo y evitar esos negocios detestables ilegales de la venta de infantes millonaria que es el principal estímulo para hacer crecer cada día más el robo de párvulos en forma violenta, arrebatándolos de los brazos maternos, secuestrándolos de los propios hospitales con la complicidad de empleados. Sería de gran beneficio humanitario y comunal, crear leyes positivas que prohíban terminantemente las casas cuna particulares, focos de corrupción. Quedando únicamente el Gobierno como único responsable de menores desamparados o en situación de riesgo; crear un equipo de abogados pagados por el Estado para gestionar las adopciones en nombre del Gobierno, con estas medidas se daría un fuerte manotazo al crimen del robo de niños y adopciones millonarias.