Por Magda Hernández de La Nana En espera que entre en tercera lectura al pleno del Congreso la iniciativa de Ley 2036, que contempla las reformas al Código Penal, Jorge Luis Ortega presidente de la Comisión del Menor y la Familia explica de qué tratan y el porqué es importante que sean aprobadas por el Congreso de la República. ¿Cuáles son las reformas al Código Penal que contiene esta iniciativa? En este paquete se crean, reforman y amplían delitos y penas contra la seguridad, libertad e indemnidad sexual; delitos de protección a la niñez, las mujeres, discapacitados, y personas de tercera edad. Se aumentan severamente las penas al delito de proxenetismo y rufianearía, vergonzosamente en Latinoamérica. Guatemala es el único país que contempla una multa de 500 a dos mil quetzales por delitos de este tipo, mientras que la pena en el resto del continente es prisión de ocho años aproximadamente. Se amplía el delito de violación, ya que la actual no establece violación a hombres (especialmente los niños), y sólo penaliza la vía vaginal y más limitado aun ya que sólo contempla la penetración de pene y no de dedos o algún objeto. ¿Cuándo se dieron las últimas reformas al Código Penal? Todos los períodos legislativos han realizado reformas al Código Penal, y también se han creado delitos en leyes dispersas, no precisamente al Código Penal, sin embargo, vale aclarar que este Código data de 1973. Es necesario de manera urgente, penalizar una serie de hechos que no están considerados como delitos, hay otros que sólo deben ser reformados o ampliados, mientras se hace una reforma integral al Código Penal. Lo ideal sería cambiar todo el sistema penal, que incluye el sistema penitenciario, y luchar contra la impunidad. Hay muchos problemas que no se resuelven con una ley, ya que son parte operativa, tenemos que reestructurar el sistema de justicia, para conseguir una mejor función de fiscales, jueces y una policía calificada. ¿Qué organizaciones impulsan esta propuesta de reforma? En la Comisión del Menor y la Familia del Congreso nos hemos reunido con diversos actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, como el Movimiento Social de la Niñez y la Juventud y distintas organizaciones de mujeres. El tema toma auge con el grupo articulador, que coordinó el Ministerio de Relaciones Exteriores y el que aglutinó a la mayoría de sectores gubernamentales como el Ministerio de Gobernación, Procuraduría General de la Nación, PGN, y otros ministerios.A la iniciativa también se suma el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Instituto de Estudios comparados en Ciencias Penales, (IECCP), y actualmente estamos trabajando con jueces de sentencia. Como el tema es parte de los compromisos de Guatemala en convenios internacionales ratificados, ha tenido el apoyo de UNICEF, ECPAT Guatemala y OIT, entre otros. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de esta iniciativa? Es urgente tipificar y penalizar una serie de hechos, como lo es la pornografía infantil, la violencia intrafamiliar, la explotación sexual comercial, el turismo sexual, el tráfico de órganos y tejidos humanos y la dilapidación de bienes familiares. Es alarmante el alto índice de familiares involucrados y padrastros como agresores de los niños; además, con el avance de la tecnología de la comunicación se generan nuevos delitos, como la manipulación de fotografías, videos y pedofilia en general. El año pasado hubo más de 60 denuncias de violaciones a menores de edad, la mayoría de los casos no llegaron a sentencia.Es importante agregar que cuando Guatemala no estandariza esa lucha internacional contra los delitos sexuales, se convierte en lo que es ahora “un paraíso de explotación sexual infantil” y las redes internacionales de estos delitos buscan el país más débil en legislación y ese actualmente en Latinoamérica es “Guatemala”. ¿Cuáles son las leyes que fortalecen esta iniciativa para que sean viables estas modificaciones al Código Penal vigente? Hay que hacer una reforma integral al Código Penal, armonizarlo con el Código Procesal Penal, modificar el sistema penitenciario, aprobar la iniciativa de ley que busca regular los hogares de abrigo, crear un instituto de apoyo a las víctimas, en fin, en el tema de protección de la niñez siempre habrá mucho trabajo, ya que de todos los ciudadanos los niños y niñas, han sido los más relegados del sistema, especialmente las niñas, pobres e indígenas. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Artículo 34 Los Estados Partes so comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia Derecho a la protección contra el tráfico ilegal, sustracción, secuestro, venta y trata de niños, niñas y adolescentes. ARTÍCULO 50. Seguridad e integridad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección contra el secuestro, el tráfico, la venta y trata para cualquier forma. El Estado deberá desarrollar actividades y estrategias de carácter nacional, bilateral y multilateral adecuadas para impedir acciones. ARTÍCULO 56. Explotación o abuso sexual. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de explotación o abuso sexual, incluyendo:a) La incitación o la coacción para que se dedique a cualquier actividad sexual.b) Su utilización en la prostitución, espectáculos o material pornográfico.c) Promiscuidad sexual.d) El acoso sexual de docentes, tutores y responsables. Guatemala es el país más débil en legislación penal en América Central. Si no tipifica como delito la violación a niños, publicaciones y espectáculos obscenos, deroga el matrimonio de la ofendida con el ofensor, el proxenetismo y la trata de personas, entre otros abusos que se cometen contra la niñez y adolescencia. Se convierte en la sede de las redes internacionales que practican estas violaciones a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.
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viernes, septiembre 01, 2006
Guatemala: Tierra fértil en abusos de infantes y adolescentes
Somos un país rezagado
| Jorge Luis Ortega Torres, Presidente de la comisión del Menor y la Familia del Congreso Prensa Libre, 270806, página 28 Protección a menores El Estado guatemalteco está obligado a proteger a los niños y adolescentes frente a la trata de personas, la prostitución infantil, la violencia y otras formas de vulnerar su derecho a tener una vida de calidad. Los diputados tenemos responsabilidad para luchar por los niños que no tienen voz. La Comisión del Menor del Congreso está sumamente preocupada, ya que Guatemala es el último país en Centroamérica en armonizar este tipo de delitos. Costa Rica lo aprobó en 1999, El Salvador en 2003, Panamá en 2004, Honduras en 2005, Nicaragua en enero de 2006 y esperamos que Guatemala lo apruebe este 29 de agosto. El riesgo que corre un país que ha quedado rezagado en esta reforma es que la ausencia de tipos penales, o penas muy leves, lo convierte en sede del tráfico de personas, sobre todo de menores de edad. En Centroamérica, el 58 por ciento de esas víctimas son guatemaltecas. La mayoría de las víctimas, un 98%, carece de educación, y más del 20% tuvo abuso sexual antes de los 12 años. Es vergonzoso que en Guatemala el delito de proxenetismo sólo sea sancionado con multa de Q500 a Q2 mil, cuando en Centroamérica y Latinoamérica se penaliza con 8 a 10 años de prisión. En el proyecto legislativo se crean y reforman delitos de protección a la niñez, a la mujer, personas con discapacidad, mujeres embarazadas en el tema de seguridad sexual. Se mejoran las tipificaciones de delitos como violación (se amplía a hombres) y se establece por cualquier vía, anal, bucal u/o la utilización de un objeto. Se crea el delito de violencia intrafamiliar, la dilapidación de bienes familiares, maltrato contra menores de edad, violación inducida (antes estupro), pornografía infantil, que tiene grandes vacíos legales. Este delito se desglosa en tipificaciones que van desde la promoción hasta la comercialización. Se adaptan nuevos delitos como la agresión a la actividad sexual, el cual se refiere a la manipulación de fotografías, videos y sonidos, que la tecnología permite el abuso contra la intimidad. También el sistema de impunidad permite “el perdón de la ofendida”, la “conciliación” posterior a la denuncia y lo más vergonzoso: permite el casamiento del agresor con la víctima de la violación como eximente de responsabilidad penal. En las reformas se eliminan las tres figuras que ponen a Guatemala en los últimos lugares a nivel mundial con tipos penales arcaicos y violadores de derechos humanos, tanto de los niños como las mujeres. En delitos contra la seguridad sexual, el Ministerio Público debe actuar de oficio aun con el perdón y sin la conciliación. Reconocemos que debemos hacer una reforma al sistema penal, al sistema penitenciario, leyes de prevención y una campaña educativa, porque el tema ya nos rebasó. Tenemos que reformar el código penal, para no generar tanta impunidad que el sistema permite. En el Congreso tenemos una gran responsabilidad para luchar por los niños que no tienen voz para expresarse. |
El niño, sujeto de derecho
| Protección a menores El Estado guatemalteco está obligado a proteger a los niños y adolescentes frente a la trata de personas, la prostitución infantil, la violencia y otras formas de vulnerar su derecho a tener una vida de calidad. Josefina Arellano, Procuradora de Menores Prensa Libre, 270806, página 28 Cualquier persona que vulnere la integridad personal del niño debe ser sancionada. Toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna. Debe entenderse por niño a una persona menor de 18 años, lo que quiere decir que, aunque sea menor de edad, no se limitan sus derechos y libertades; sin embargo, la infancia debe recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la sociedad. La protección y asistencia son obligación de la familia, de la sociedad guatemalteca y del Estado de Guatemala, trabajando como un conjunto en búsqueda de garantizar al niño el estricto cumplimiento de sus derechos humanos. Para ello, el Estado de Guatemala -de conformidad con la Constitución y las leyes específicas- debe proteger la salud física, mental y moral de las personas menores de edad, creando las leyes y procedimientos necesarios para que en el interés superior del niño se atienda sus necesidades y se mantenga impenetrable la esfera de intangibilidad de los derechos humanos de un niño. El niño debe ser considerado como sujeto de derecho, y cualquier persona que vulnere la integridad personal del niño, violando en consecuencia sus derechos humanos, debe ser sancionada con toda la fuerza de la ley. A partir de 2003, con la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, Guatemala toma al niño como sujeto de derecho, para que se vigile el cumplimiento de sus derechos humanos, y un procedimiento específico para restaurárselos. Sin embargo, aún está pendiente la promulgación de leyes especiales que apoyen esta legislación para restaurar el derecho humano violado al niño y sancionar penalmente a la persona que cometa delito. Es necesario que el Estado proteja al niño, vigile el cumplimiento de sus derechos como sujeto de éstos, busque las formas idóneas de restaurarle sus derechos cuando fueren violados, y pueda sancionar penalmente al o a los responsables de la comisión de ilícitos en contra de un menor de edad, sancionando a éstos con las penas justas, que se apliquen al caso concreto, satisfaciendo las necesidades de los niños, y en consecuencia, que el Estado guatemalteco cumpla con su función protectora obligatoria contenida en su Carta Magna, todo esto teniendo como garantía máxima el interés superior de la niñez y adolescencia guatemaltecas. |
Adopción, robo y abuso
elPeriódico, 140806, página 16
Mucho se ha escrito respecto a las leyes de protección de la niñez y la adolescencia y hasta el momento los congresistas no dan muestras de preocupación ni voluntad política para aprobar reformas al Código Penal, que de por sí es obsoleto y no contiene penas severas a quienes se dedican al comercio sexual con la niñez; o legislar para que la adopción no sea un vil negocio y provoque el abuso contra madres indefensas o el robo descarado de niños y adolescentes que cada año aumentan.
Si de algo sirven las frías estadísticas para que la sociedad exija y los diputados tomen conciencia, se puede decir que en estos primeros seis meses del año, según la Dirección de Investigación Criminal de la PNC, se reportaron “1,100 personas desaparecidas y de ellas la mitad son infantes y unos 300 tienen menos de 5 años” (Alex Maldonado, Nuestro Diario 27/706) si estos hechos no tienen que ver con el negocio de las adopciones ilegales, la explotación sexual y el comercio con la producción pornográfica que se desarrolla en grande en Guatemala, ¿con que tiene que ver?, no se trata de los secuestros por rescate , sino de robos de niños y niñas o desaparición de adolescentes que encierran en casas que se dedican a ofrecer servicios sexuales con la niñez al turismo y nacionales degenerados.
Esta semana entran a debate en tercera lectura las reformas al Código Penal y esperamos que la actitud de los diputados no sea un simple levantón de dedos obedeciendo las instrucciones de los jefes de bancada, sino una decisión consciente de contribuir a penalizar drásticamente a quienes se dedican a estos negocios que atentan contra la dignidad y la vida de la niñez y adolescencia, desamparada por la irresponsabilidad de quienes, estando en puestos de poder y en el Congreso, se han negado a escuchar las denuncias de abusos y las peticiones de reformas a leyes que pueden disuadir a quienes hoy actúan con toda impunidad y les importa poco pagar multas, continuar libres y atendiendo las redes de comercio sexual que se extienden por toda el área centroamericana.
Las leyes no son la panacea pero contribuyen a dar pasos en la protección de la niñez y la familia, pues a ellas hay que agregar las acciones, la creación de instituciones y la inversión que garanticen a la niñez y adolescencia la protección para su pleno desarrollo. Esperamos que los diputados entiendan que, quienes nos pronunciamos contra la adopción ilegal, el robo y el comercio sexual de niños y niñas, no estamos suplicando nada, sino exigiendo que en su paso por el Congreso hagan algo constructivo para el futuro de lo más valioso que tiene un país: La niñez.
Crimen y castigo
| Samuel Pérez Prensa Libre, 190806, página 20 “Los delincuentes hacen un análisis racional de los costos y beneficios que conlleva delinquir sobre lo que le tomaría el realizar actividades productivas dentro del marco legal”. In memoriam: A Manuel Gorris, víctima de la violencia en Guatemala. Mucho del comportamiento humano ha sido explicado desde la óptica económica. El principio de racionalidad económica, supone que las decisiones que toma una persona así como las acciones que realiza están en función de maximizar su beneficio, minimizando costos, de acuerdo a lo que esta persona pondere como valor y como coste. En ese contexto, el Nobel de Economía ‘92, Gary Becker plantea en su publicación “Crimen y Castigo”, una aproximación económica de la delincuencia. Fundamentalmente su método se basa en que los delincuentes hacen un análisis racional de los costos y beneficios que conlleva delinquir sobre lo que le tomaría el realizar actividades productivas dentro del marco legal. Entre los costos que el delincuente evaluaría están la probabilidad de ser aprehendido, las penalidades y la severidad del castigo, así como que la ley se cumpla. Los beneficios que éste recibe por cometer un delito incluyen los tangibles: la retribución económica que ganaría al cometer el ilícito y los intangibles, que podría ser la satisfacción emocional si el delincuente es amante del riesgo. Así, desde la óptica económica, los castigos que penalicen fuertemente las acciones delictivas son necesarias para desincentivar al homo economicus, que busca maximizar sus beneficios al mínimo coste robando, secuestrando e incluso asesinando y violando. Para él es un buen “negocio”. Urge entonces desincentivar al criminal empezando con las leyes que le castiguen duramente así como con el importante efecto-demostración de acciones policíacas fuertes e instituciones judiciales que hagan que las leyes se cumplan con prontitud y eficiencia. Por otro lado, la delincuencia también está en la explotación sexual infantil y el análisis de coste-beneficio también se aplica. En Guatemala estadísticas muestran que hay más de 20 mil niños y niñas explotadas sexualmente. Esta práctica, totalmente despreciable, tiene mucha relación con los castigos que el criminal evalúa por su fechoría y las retribuciones que obtiene. De ahí, que urge reformar el código penal que conoce el Congreso en cuanto a la explotación sexual infantil y que está en fase de III lectura. Finalmente, en estos tiempos, honrar al que tiene mucho dinero sin saber cómo lo ha obtenido es fomentar una cultura de antivalores, delincuencia y muerte. En Guatemala no debemos tolerar ni un solo abuso más a niños y niñas ni una sola muerte más por delincuencia. |
El pelo en la sopa
Rita María Roesch Prensa Libre, 180806, página 16 “Se denomina cliente-explotador a quien paga por consumar actos sexuales con menores. Quien cometa este delito deberá ser sancionado”, declaró el Clarinero. Para redactar el artículo de hoy, que versa sobre las reformas al Código Penal para favorecer a la niñez, a la adolescencia y a la mujer guatemalteca, me comuniqué con Marvin Rabanales, de la Coordinadora Institucional de Promoción de los Derechos de la Niñez (Ciprodeni).
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Saludos y muchos éxitos
Barbara Schieber La Hora, 170806, página 4 Es hora que el Congreso proteja a nuestros niños.¿Usted cree que sus niños están seguros? Piénselo dos veces. Los niños en Guatemala están expuestos a depredadores adultos que los venden como objetos sexuales, los rentan en prostitución, los violan, los degradan, los dañan para el resto de sus vidas y muchas veces los matan.Los niños son mercancía barata para explotarlos en el turismo sexual, la prostitución y la producción y comercialización de material pornográfico infantil.Más de 15 mil niños en Guatemala son explotados sexualmente. Pero los números podrían hasta duplicarse, ya que hay falta de denuncias y la impotencia y falta de recursos de las instituciones que velan por el bienestar de los niños. Es sorprendente saber que Guatemala es el único país de la región que no tiene una legislación que penalice estas actividades criminales. Esto hace que Guatemala sea un territorio libre y favorable para las mafias de este negocio ilícito. De hecho nos convierte en un imán para atraerlos y realizar sus negocios multimillonarios a expensas de las criaturas más vulnerables de nuestra sociedad: los niños. El sistema legal actual solo les impone multas, y si las pagan, nadie va a prisión. En estos momentos la ley favorece a los criminales que negocian con nuestros niños en prostitución y pornografía infantil ya que los abogados defensores tienen herramientas legales a su disposición que protegen a los criminales. El Organismo Judicial y el Ministerio Público no tienen el marco legal necesario para poderlos juzgar.Hay un grupo interinstitucional que desde hace tres años está trabajando en una iniciativa de ley para reformar el Código Penal para incluir estos delitos y crear un marco legal para proteger a los niños de estas atrocidades. Ahora el Congreso de la República tiene la iniciativa de esta ley en tercera lectura, se espera que sea aprobada hoy jueves 17 de agosto. El Congreso decidirá si van a proteger a nuestros niños o van a proteger a los criminales. El Congreso nos mostrará quién es más influyente, los criminales o los sectores de la sociedad civil que están luchando para proteger legalmente a los niños. Si esta ley no pasa sabremos que estos criminales tienen influencias que nadie se imaginaba, pero que quedará constancia concreta de ello con la falta de votos en el Congreso.Si esta ley no es aprobada ahora, las mafias que están cada vez mejor organizadas y más influyentes, tendrán la posibilidad de llegar a extremos que nadie se puede imaginar. Este negocio ilícito es tan lucrativo que puede llegar a cualquier instancia y cualquier lugar donde hay niños y jóvenes. Me refiero a que usan las mismas tácticas que los grupos del narcotráfico, no se circunscriben a un sector de la sociedad, se van infiltrando a todos los lugares e instituciones donde hay niños y adolescentes. Esto puede incluir el colegio o escuela donde están sus niños, estimado lector. Están en los lugares donde se hacen las fiestas infantiles, en los restaurantes de comida rápida que tanto gustan a los jóvenes, en las discotecas, en los centros comerciales, en el Internet, en cualquier lugar donde se concentran los jóvenes y niños estarán los depredadores al acecho.¿Sus niños están seguros? |
Tres y uno
La Hora, 160806, página 4
Si por alguna razón, de esas que no entendemos, me encontrara en estos momentos una lámpara maravillosa o aunque sea una linterna que reflejara mis más profundos deseos, para que se conviertan en realidad, tendría que empezar pidiendo que mañana los diputados de todas las bancadas aprobaran las Reformas al Código Penal, palabras que en papel y tinta podrían evitar tantos abusos y violaciones, letras que unidas harían posible castigar a esas personas insensibles y miserables que lastiman la vida y los sueños de los niños, sí, tendría que pedir que fuera un jueves de conciencia, un 17 de agosto, en el que más que celebrar el día de la bandera, pudiéramos celebrar la vida y nuestros derechos.
Tendría que pedir que no hubieran más guerras en el Medio Oriente, que ese alto al fuego sea definitivo, pedir por el derecho a la vida y a la paz de esas personas, esos rostros que en las imágenes de la televisión me contagian su angustia, esos hombres, mujeres y niños que no saben si van a ver el sol del día siguiente, si van a crecer, si van a tener una casa y una familia.
Y luego, tendría que pedir más vida, por una vida, la de Fidel, el único hombre de estos tiempos que ha sabido ser eso, hombre, que no se ha dejado ningunear por los gringos y, en mi imaginario, el único líder verdadero en esta época en la que la fe se acaba.
Los cuentos de hadas y la fantasía han impuesto al tres como número mágico y como tope en la posibilidad de la realización de un sueño, de un deseo, yo tengo más, muchos más, pero voy a concentrarme en uno sólo, además de los que ya expuse, uno que quizá, con la fuerza que tiene la mente y el hechizo de las palabras, sucederá, y si pasa, será una buena historia.
Ahora le toca al Congreso
| Marielos Monzón Prensa Libre, 150806, página 16 Dos millones de niños y niñas son explotados sexualmente cada año. Alrededor de 15 mil niños y niñas son objeto de explotación sexual en Guatemala. Sin embargo, se calcula que el número podría incluso duplicarse, si se toma en cuenta la falta de denuncias y el control que estas redes ejercen sobre las instituciones encargadas de la investigación y la persecución penal. La violencia sexual contra las niñas y los niños tiene muchas manifestaciones, las más comunes son las relaciones sexuales remuneradas (prostitución), la producción de material pornográfico utilizando menores, el turismo sexual y la comercialización de pornografía infantil. De acuerdo con datos de Unicef, hasta dos millones de niños y niñas son explotados sexualmente en el mundo. Después del crimen organizado, la explotación sexual infantil es el segundo negocio más lucrativo, ya que alcanza ganancias de US$2 billones anuales. Guatemala es el único país de la región que no tiene una legislación que penalice estas actividades ilícitas, lo que nos convierte en un paraíso apetecido por redes de proxenetas, pornógrafos y mafiosos que extienden sus tentáculos hasta nuestro país, porque saben que lo más que puede ocurrirles es tener que pagar una multa a cambio de no ir a prisión. Hace casi 3 años un grupo interinstitucional viene trabajando en una iniciativa de ley que busca promover reformas al Código Penal para que se incluyan estos delitos y se cuente con un marco legal que proteja a las niñas y niños que afrontan en pleno siglo XXI la esclavitud sexual. La iniciativa se encuentra en tercera lectura en el Congreso y, de acuerdo con información del propio Organismo Legislativo, hay un acuerdo de las jefaturas de bloque para aprobarla este jueves 17 de agosto. Las presiones que se han ejercido para evitar su aprobación son innumerables; provienen de sectores que tienen vínculos directos o indirectos con estas redes, y la razón es muy simple: el negocio es multimillonario. De acuerdo con la organización Anesdav, solamente la pornografía infantil por Internet genera una ganancia mensual de 960 millones de euros al mes. En la actualidad existen por lo menos 4 millones de zonas de Internet con material pornográfico infantil que reciben anualmente 2 millones de visitas. Se calcula, además, que cada día se abren 500 nuevos sitios que promueven el comercio y el turismo sexual; muchos de ellos promocionan a Guatemala.Aunque contar con la legislación contra la explotación sexual infantil no resuelve la totalidad del problema, es un primer paso para empezar a atacarlo. El jueves en la sesión plenaria, las y los diputados tienen la oportunidad de avanzar en la protección de nuestras niñas y niños. La indiferencia o la omisión les hacen parte del negocio. |
Esta semana en tercera lectura en el Congreso
Vida Amor Nicol de Paz La Opinión, 140806 La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Guatemala es parte de un terrible mal que debemos de erradicar lo antes posible pues no solo lesiona la integridad física de la juventud desprotegida, sino que también atrofia la percepción de la vida, y daña la psiquis del individuo explotado.
No obstante, según datos arrojados por Casa Alianza en el 2002, 50,000 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual en México y Centroamérica. Otros datos que nos parecerán interesantes y que “paran los pelos” van relacionados al porcentaje de víctimas: 98% son adolescentes entre los 15 y los 17 años, 58% de las víctimas son de Guatemala, el 98% de las víctimas están excluidas del sistema educativo. El 20% de las víctimas sufrió además abusos sexual antes de cumplir 12 años, y en la mayoría de los casos no hubo denuncia, el 52% ha sufrido insultos y humillaciones de la gente en general y 38% ha sufrido, además, desprecio de la familia.
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El pago millonario por adopciones aumenta el robo de niños
María del Mar La Hora, 120806, página 3 No hay dolor tan grande que pese más en la conciencia ciudadana que el robo de niños para su posterior venta. Acto criminal que retrata a un país débil, sin leyes, sin voluntad para atacar un flagelo salvaje, porque su acción provoca una guerra psicológica y material de daños incalculables en el entorno familiar y social, además de que palpa un peligroso vacío de autoridad en contra del crimen organizado, a pesar de que en Guatemala haya un exceso de leyes desafortunadamente las más descalificadas, mal interpretadas, inaplicadas y otras de voz caída en desuso. Este desorden paralelo a la falta de aplicación de la justicia se debe en gran parte a los legisladores que, desde hace varias décadas, han venido manejando las leyes a su sabor y antojo, por supuesto siempre favoreciendo sus intereses personales o de carácter partidista, asunto indigno que ha llevado al país a la calamitosa situación de absoluto desenfreno, y lamentablemente entre estos desenfrenos despiadados que lloran sangre, preocupa a la ciudadanía el robo de niños que, ante la pasividad e indiferencia de las autoridades encargadas de hacer justicia y del repudio generalizado de todo un pueblo traumatizado que clama justicia y respeto al derecho de vivir y trabajar en paz, clama una y otra vez que el Gobierno cumpla con el deber de resguardar la seguridad nacional como lo ordena la Constitución de la República, porque debido a la falta de ataque este flagelo pernicioso alcanza sumas aterrorizantes. ¿Cuál es el principal ingrediente que estimula el crecimiento del robo de niños, para su posterior venta como si se tratara de la época de los esclavos? No cabe la menor duda que son los millones de dólares que este hecho criminal reporta a los abogados sin escrúpulos que litigan estas negras transacciones y a las bandas organizadas de maleantes en las que se han involucrado además de algunos abogados, altas autoridades de justicia, diputados, la ex esposa de un ex magistrado, trabajadores de hospitales, ya que la edad preferida para consumar este ilícito es de cero a tres años; habiéndose mencionado también a un ex candidato presidencial. Qué tristeza, qué vergüenza que elementos que se desempeñan en el poder público, llamados a la protección ciudadana, sean los criminales que aterrorizan con sus actos ambiciosos y corruptos a la familia guatemalteca. Desafortunadamente las leyes no siempre se ajustan para resolver los problemas y la realidad de las comunidades, muchas veces por mala fe, por vacíos en el articulado o por ignorancia, aun cuando la ley no permite el desconocimiento de sus mandatos. Pero cuando las leyes fallan ¿qué se hace?, se cambian, se actualizan y cuando existen “lagunas” se crean nuevas normativas para asegurar la justicia en todos los órdenes sociales, por ello, desde ya es importante tomar cartas en el asunto y agilizar una ley que regule y garantice la seriedad y limpieza de las adopciones de niños desamparados o en situación de riesgo y evitar esos negocios detestables ilegales de la venta de infantes millonaria que es el principal estímulo para hacer crecer cada día más el robo de párvulos en forma violenta, arrebatándolos de los brazos maternos, secuestrándolos de los propios hospitales con la complicidad de empleados. Sería de gran beneficio humanitario y comunal, crear leyes positivas que prohíban terminantemente las casas cuna particulares, focos de corrupción. Quedando únicamente el Gobierno como único responsable de menores desamparados o en situación de riesgo; crear un equipo de abogados pagados por el Estado para gestionar las adopciones en nombre del Gobierno, con estas medidas se daría un fuerte manotazo al crimen del robo de niños y adopciones millonarias. |
Si así los tratamos ahora
| Carolina Escobar Sarti Prensa Libre, 120806, página 15 La explotación sexual, el turismo sexual, la pornografía o la trata de niños, niñas y jóvenes no se terminan sólo con leyes. En México y Centroamérica, 50 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual (Casa Alianza, 2002). No por nada el paraíso de explotación sexual infantil y juvenil se ha desplazado de los países del sudeste asiático a nuestra región, y particularmente a países como Guatemala, donde la impunidad es la norma. La ausencia de leyes en este tema, sumada a la pobreza de tantos y a la complicidad de quienes viven de este “negocio”, han tocado las más altas esferas e instituciones del Estado guatemalteco. A tal punto, que somos uno de los últimos países del istmo centroamericano en legislar sobre los delitos de naturaleza sexual. Y a pesar de que no soy de las que cree que ley hecha es sinónimo de problema resuelto, estoy consciente de que un marco legal adecuado es un buen principio para revertir la situación. Actualmente está otra vez en el Congreso de la República la iniciativa de ley 2630, que busca introducir algunas reformas al Código Penal. Ojalá los diputados la aprueben en tercera lectura y cumplan con su deber de aprobar leyes que verdaderamente beneficien al país. A partir de esta iniciativa, que ya ha sufrido algunas enmiendas y ha sido consensuada por diversos sectores como los de mujeres y niñez, todos los delitos de naturaleza sexual cambian. Incluso cosas aparentemente tan sencillas como el empleo del término “mujer honesta” se cambian, cuestionando de fondo las concepciones sobre las cuales se levanta todo nuestro sistema de valores. En una sociedad de moral pacata como la nuestra, la palabra sexo aún provoca escozor en muchos ámbitos, porque aunque todos lo practiquen e incluso muchos lo usen para abusar de otras personas más vulnerables, es algo que aún se maneja bajo los cánones de una sociedad machista que ante este tipo de situaciones se tapa convenientemente los ojos. Esta es una de las razones por las que este tema aún no encuentra asideros firmes en las instituciones políticas y de justicia del Estado guatemalteco. La explotación sexual comercial, el turismo sexual, la pornografía o la trata de niños, niñas y jóvenes no se terminan sólo con leyes. Detrás de cada niño y niña abusados, hay un “cliente”, un proxeneta, un tratante, un “voyerista” que se satisface viendo pornografía infantil, un promotor de turismo sexual, un intermediario, un productor y comercializador de pornografía infantil, una red organizada de infantoexplotadores, una impunidad obscena y, muchas veces también, la complicidad y el silencio de los familiares más cercanos de estas pequeñas víctimas. Según una entrevista realizada por la OIT/IPEC (2003), y volviendo otra vez a las cifras que algo nos dicen sobre el perfil de estos pequeños, un 98 por ciento de ellos está excluido del sistema educativo y un 20 por ciento había sufrido abuso sexual antes de los 12 años, sin que hubiese una denuncia de por medio. Además de lo anterior, el 52 por ciento dice haber sufrido insultos y humillaciones de la gente en general y, el 38 por ciento, haber sido despreciado por su propia familia. Estos seres humanos, casi entrando a la vida, están obligados a ver su lado más oscuro. En Guatemala a los más pobres, con sus excepciones, les van quedando dos opciones: entrar en este círculo de explotación sexual del que difícilmente podrán salir o quedarse en la calle. Ambos escenarios, para nada halagadores, si consideramos lo dicho recientemente en el Foro de Protección a la Niñez: en el 2005 hubo en todo el país aproximadamente 700 asesinatos de menores de edad en situación de calle, cantidad que podría ser superada en el presente año. Esta situación está posiblemente vinculada a una limpieza social. Si así trata hoy el Estado guatemalteco a sus niños, niñas y jóvenes, ¿cómo quejarnos de lo que será Guatemala mañana? |
Hijos de nadie
Carolina Vásquez Prensa Libre, 120806, página 15 Los niños y niñas de Guatemala deben nacer con mucha suerte para crecer libres de peligro, porque el sistema no está diseñado para protegerlos. Cuando en la página de Google se escribe “Guatemalan children”, así, en inglés, aparecen 1 millón 750 mil respuestas. Si nos tomamos la molestia de ir buscando página por página, de entre las primeras 100, aproximadamente el 90 por ciento hace referencia a la oferta de adopción de niños guatemaltecos, mientras el resto se divide entre informes institucionales con cifras de pobreza extrema y datos sobre violencia. Ninguna hace mención a logros en educación, deportes, arte o cultura.
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Es necesario proteger a la niñez
Carlos Cáceres La Hora, 110806, página 3 Sin estar autorizados por las leyes guatemaltecas, 18,771 menores de edad se trasladan a trabajar en forma documentada a las unidades agrícolas de producción en Chiapas. No se sabe cuantos atraviesan la frontera para laborar en forma indocumentada. Carecen de prestaciones y su salario, en ocasiones, llega al mínimo establecido. Las jornadas de trabajo son superiores a las ocho horas. Después de atravesar la frontera de Guatemala y llegar a Tapachula, cientos de mujeres y hombres -no se sabe exactamente el número e indocumentados-, con un promedio de edad entre 12 y 18 años, se desempeñan como trabajadoras domésticas y en la economía informal (vendedores de dulces o ropa y lustradores). Son guatemaltecas y guatemaltecos realizando actividades para lograr un ingreso económico que en su país no pueden obtener.La presencia de niñas y niños de nacionalidad guatemalteca en prostíbulos de municipios cercanos a la frontera, en Guatemala y México, impacta la dignidad de cualquier ser humano. Son víctimas de la trata de personas. Han sido secuestrados para trasladarlos a esos lugares o por medio de fraudes y engaños. Otros son obligados a vender drogas. Son menores de edad con graves implicaciones físicas y psicológicas. ¿La policía desconoce la realidad de los lupanares fronterizos? La existencia de casi un millón de niños y niñas trabajando en las ciudades, en la mayoría de los casos desarrollando actividades peligrosas, obliga a revisar su presencia en casas donde elaboran cohetes o picando piedras, para citar con brevedad. Por esta razón, sería importante conocer los criterios de las autoridades para no aplicar el Convenio 182 -aprobado por Guatemala- de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, en especial cuando señala: “Prestar la asistencia directa, necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social”. En el texto Entendiendo el trabajo infantil en Guatemala, editado por el Instituto Nacional de Estadística se afirma: “(…) 507,000 niñas y niños trabajadores están entre los 7 y 14 años de edad”. Este aspecto también significa destacar a menores de edad que “ayudan” en negocios familiares sin recibir salario, quienes realizan jornadas laborales en sus casas, y la cantidad de adolescentes, entre ellos, lustradores, cuidadores de carros o pidiendo limosna en las calles. Esta explotación a menores de edad afecta la Convención internacional sobre los derechos del niño, así como el Convenio 138 de la OIT relativo a la Edad mínima de admisión al empleo.Ante los factores anteriormente expuestos, debe destacarse la acción positiva, de carácter humanitario, que realizan organizaciones como la Agencia de Noticias A favor de la Niñez y la Adolescencia (La Nana). Entre otras actividades, ha denunciado la muerte de menores de 17 años y la violencia social por la falta de servicios y mejores condiciones para los menores de edad. La Nana forma parte de la Red ANDI (Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia). En Guatemala -dio a conocer recientemente La Nana- fallecen niños y niñas como consecuencia de diarrea, la segunda causa de muertes en menores de edad.Ante la necesidad de enfrentar jurídicamente la violencia social u otras formas de agresión a los derechos de la niñez y adolescentes en Guatemala, el Congreso de la República debe otorgar especial prioridad a las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y Código Civil. Falta aprobarlas en tercera lectura; sin embargo, los diputados deben considerar las propuestas y enmiendas presentadas por diversos sectores de la sociedad guatemalteca. De no ser así, se establecerán normas que no corresponden a la realidad socioeconómica del país. En la actualidad, la población menor de edad vive condiciones de inseguridad en Guatemala. Este hecho explica que es necesario adoptar medidas integrales de control, sanción y prevención para enfrentar acciones violentas contra la integridad física, sexual y emocional de ese sector de la población. Las penas privativas de libertad deben aplicarse a los explotadores y traficantes de seres humanos para responder en proporcionalidad al daño que han causado a menores de edad. Los derechos de la niñez deben impulsarse para que sean una forma cotidiana de vivir. |
Cabrones
| Lucía Escobar elPeriódico, 090806 página 31 Todos nosotros somos testigos y cómplices Cualquier persona capaz de abusar sexualmente a un niño o niña debería pudrirse en la cárcel. Si el abuso es recurrente, el hombre (que en la mayoría de casos es el verdugo), debería de sufrir, además, la amputación de su miembro viril. Esa sería una buena manera, efectiva y poderosa de parar con ese degenere. Lamentablemente, las leyes en Guatemala no defienden a los niños y niñas de este tipo de personas, ni los policías, ni los jueces, ni los maestros, ni los vecinos, ni los padres. Si no me creen recordemos el caso Sanabria y cómo hasta la prensa se apresuró a pintar a la niña violada como una “sometida” y al futbolista como víctima de chismes infundados. Hace algunos años, en una aldea de Petén, un maestro abuso sexualmente de una alumna. La niña tuvo el valor de denunciarlo, entonces, el pueblo entero se volcó contra ella y tuvo que irse a vivir a otro lado porque le hicieron la vida imposible. Esta historia de ha repetido más de una vez. Cincuenta mil menores de edad son víctimas de la explotación sexual comercial en Guatemala y todos nosotros somos testigos y cómplices. ¿Quién ha pasado por Chimaltenango y no ha visto a las niñas adolescentes vendiéndose a plena luz del día? Nuestro país es un paraíso para proxenetas, explotadores y traficantes de niños con fines sexuales. Incluso, las violaciones se dan de personas de la misma familia: hermanos, padrastros, tíos, que abusan de los más indefensos. Los delitos que se cometen contra muchos menores de edad ni siquiera están tipificados por la ley. Urge que el Congreso actualice sus leyes en esta materia y que se aprueben las reformas al Código Penal que las organizaciones de derechos humanos han presentado. Mientras no se realicen estos cambios en las leyes, seguiremos viviendo en un país de cabrones. |
Los abogados y la adopción
Miguel Ángel Albizures elPeriódico, 090806 página 12 Esperamos la buena voluntad de los congresistas. A raíz del artículo que escribí sobre la compra y venta de niños, recibí la visita de la licenciada Susana Luarca Caracho, quien llegó acompañada de dos abogados que, junto a ella, se dedican a la noble tramitación de adopciones; no pongo el “negocio” porque según ellos gastan grandes cantidades en médicos y medicinas, casas cunas u hogares temporales, y hasta generan empleo a personas de la tercera edad para el cuidado constante de los niños que encontrarán el calor del hogar y las caricias de los padres adoptivos. Explicaron, con grandes expedientes, el calvario que recorren en la tramitación y hasta la impertinencia de las trabajadoras sociales que mal aconsejan a las madres cuando ya habían decidido deshacerse de sus hijos. No faltaron las pestes contra los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (PGN) por lo engorroso que hacían los trámites en la tardanza para dar una opinión favorable a las adopciones. Parece que quisieran que simplemente reciban el expediente y le den curso sin ningún tipo de investigación, pues en los seis primeros meses de este año suman más de cuatro mil niños o niñas que esperan surcar los aires hacia Estados Unidos. No faltó el rechazo total al Convenio de la Haya, firmado y ratificado por Guatemala y, por supuesto, su rechazo a la nueva legislación sobre adopciones que sigue durmiendo el sueño eterno en el Congreso –posiblemente por presiones de abogados que se dedican a la exportación de la niñez guatemalteca–, pues según lo manifestaron, 3 mil familias extranjeras que adoptan niños dejan millones de dólares que vienen a gastar a Guatemala, mientras esperan los trámites en los lujosos hoteles que sirven de plaza de intercambio.Quiero hacer público que no me convencieron los argumentos de la licenciada Luarca Caracho ni de los abogados que le acompañaron. Puedo aceptar que ellos digan que no hacen nada ilícito en la adopción y que muchos niños necesitan de la misma; pero de ello a que no haya abogados inescrupulosos, que los robos de niños nada tienen que ver con el tráfico ilegal, y que no se justifica una ley que restrinja el negocio en que se ha convertido la adopción, hay sus diferencias, pues quienes actúan dentro de la legalidad, nada tienen qué temer ni por qué enojarse cuando uno exige que los diputados cumplan con su función y dejen de aceptar presiones para que engaveten leyes importantes que, como la Ley de Adopciones y las reformas al Código Penal sobre explotación sexual, siguen esperando la buena voluntad de los congresistas.
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Una tarea que "tienen" que cumplir
| Claudia Navas Dangel La Hora 090806 Guatemala es hoy por hoy, un paraíso para proxenetas, abusadores, pedófilos, violadores y todos aquellos que aprovechándose de la vulnerabilidad de un niño, de una niña o de una o un adolescente violentan sus derechos abusando física, emocional, psicológica y económicamente de ellos. Nuestro Código Penal, tan viejo como yo, es ambiguo, machista, discriminatorio y mal definido.Permite que el que tiene más poder, ya sea por edad, por dinero o posición social abuse del más débil, y penaliza vagamente con multas actos tan mezquinos y deplorables como los “abusos sexuales” que se contemplan aun tan sólo como “abusos deshonestos”, dejando abierta la posibilidad de que un violador se case con la persona agredida y anule así su culpa, o de que no se le castigue si la persona abusada es un niño varón y, minimiza la pena para quienes cometen actos de proxenetismo y rufianería. Inconcebible. Es más, no contempla artículos que penalicen las actividades sexuales remuneradas, ni la pornografía infantil, así como el turismo sexual, que dicho sea de paso se ha convertido de un tiempo a la fecha en un negocio redondo para muchos y muy bien solapado.Todos los demás países de la región han mejorado su legislación, todos los países de la región tienen leyes que están persiguiendo estos delitos y están tratando de cuidar a sus niños y niñas, Guatemala no. Por eso, ahora que se plantea reformar este Código Penal, ahora que se han hecho nuevos aportes al mismo es importante que los diputados cobren conciencia y cumplan con su deber no sólo de funcionarios públicos, sino también de ciudadanos responsables, de padres que seguramente muchos son y las aprueben. Ya es tiempo de hacer algo por la niñez, es momento de demostrar con hechos que tienen voluntad y conciencia, es el momento oportuno para que si quieren postularse nuevamente a una curul tengan en su haber un precedente valedero. |
Cerrémosle el paso al abuso infantil
| Gustavo Berganza elPeriódico 080806 página 13 Guatemala es un paraíso para la paidofilia. Cada año, 2 mil niños, niñas y adolescentes son puestos a la venta como objetos de consumo sexual. Lo terrible del caso es que en no pocos de los casos, este comercio sexual se realiza en beneficio de quienes debieran preservar la integridad de esos niños, niñas y adolescentes: sus propios padres, guardianes o tutores. Para nuestro escarnio, Guatemala se está convirtiendo en un punto que empieza a ser mencionado insistentemente como destino para el turismo sexual. Tan es así, que la serie de televisión La ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales (Law and Order. SVU), desarrolló un programa en el que un grupo de acomodados pederastas neoyorkinos, “importaban” a Estados Unidos a un grupo de preadolescentes, varios de ellos guatemaltecos, con pleno consentimiento de sus padres. Esta serie, si bien su finalidad no es primordialmente altruista, se caracteriza por utilizar hechos reales para desarrollar sus narrativas. El reporte que cito al inicio de esta columna consigna datos recopilados por la doctora Ofelia Calceta en 2000. Según ella, de ese grupo de niñas y adolescentes, 1,200 son de origen salvadoreño, 500 son hondureñas y 300 son guatemaltecas. Cifras más recientes reunidas por Casa Alianza (2002) hacen ver que en Centroamérica y México 50 mil niños y niñas son víctimas de explotación sexual en esta región.Guatemala es innegablemente un paraíso para la paidofilia. Un reciente artículo preparado por la Asociación para el avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (Avancso) para el programa Buenos Días de Radio Universidad hacía ver que esta situación tan alarmante para la niñez y adolescencia guatemaltecas se debe “a la falta de políticas públicas contra la trata de menores, los vacíos legales e inaplicabilidad de la legislación existente, y en general el débil papel del Estado en el tema”. De acuerdo con Avancso, todos estos factores “contribuyen a la impunidad de los traficantes, explotadores e intermediarios y dejan a las víctimas sin sistemas de protección y sin los servicios necesarios para su rehabilitación e integración a la sociedad”. Hay una esperanza, por supuesto y esta puede venir si el Congreso acelera la aprobación de las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y Código Civil que actualmente se encuentran pendientes de ser discutidas en tercera lectura. Estos instrumentos, que hacen más duras las penas contra quienes se implican, ya sea como promotores, facilitadores y consumidores del comercio sexual de niños, niñas y adolescentes, probablemente desalentarán esta práctica tan degradante. Es muy probable que la simple reforma de las leyes no cambie la actitud de los agentes de Estado, pero sí proporciona los recursos para que entidades preocupadas por el bienestar de niños, niñas y adolescentes puedan tener mayor sustento legal para combatir la paidofilia.Ojalá los diputados se apresuren a aprobar estas reformas. El país lo necesita para no malograr su futuro. |
Explotación sexual comercial de niñez y adolescencia
| La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es todo tipo de actividad en la que una persona usa el cuerpo de éstos para sacar ventaja o provecho de carácter sexual, sobre la base de una relación de poder, ya fuera a cambio del pago en dinero o especies, con o sin intermediación, es decir haya o no alguna forma de proxenetismo. • Implica una violación severa de los derechos humanos de las personas menores de edad • Es una forma de violencia sexual y de explotación económica • Es una conducta prohibida a la cual se debe aplicar sanciones penales LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL OCURRE CUANDO… Una persona paga o promete pagar, en dinero o en especie, a una persona menor de 18 años o a un tercero (proxeneta) para que el niño, la niña o adolescente realice cualquier tipo de actividad sexual comercial. Son actividades sexuales comerciales: • Las actividades sexuales remuneradas. • La producción, comercialización y posesión de pornografía infantil y adolescente. • La utilización de personas menores de edad en espectáculos sexuales. • La promoción de actividades sexuales en el turismo. SITUACIÓN EN GUATEMALA • Personas adultas que compran sexo de niños, niñas y adolescentes en calles, parques, burdeles, clubes nocturnos, bares y hoteles a la vista de la sociedad general. • Existencia de intermediarios, negocios y redes organizadas de explotadores que lucran con la explotación. • Personas menores de edad tratadas (víctimas de la trata) con fines sexuales comerciales y otras formas de explotación. • Producción de pornografía infantil. • Aumento del uso de la Internet para la divulgación de la pornografía infantil y la promoción del turismo sexual. • Tolerancia hacia la explotación sexual tanto por parte de la población nacional como extranjera. • IMPUNIDAD de los explotadores sexuales nacionales y turistas. ESTADISTICAS • De acuerdo con UNICEF, aproximadamente 1 millón de niños, niñas y adolescentes en el mundo cada año se suman al mercado de la explotación sexual comercial – Más de 10 millones. • Estimaciones de la gravedad en Guatemala: 2000 niños, niñas y adolescentes explotadas sexualmente (1200 salvadoreños, 500 hondureñas, 300 guatemaltecas) (Dra. Ofelia Calceta, 2000). • Según Casa Alianza (2002), 50,000 niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual en México y Centroamérica. ¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL? Las personas que utilizan, reclutan o ponen en oferta a personas menores de 18 años para la explotación. • “Clientes”-explotadores nacionales • “Clientes”-explotadores turistas • Productores y comercializadores de pornografía infantil • Proxenetas • Tratantes con fines de explotación sexual • Promotores del turismo sexual • Intermediarios ¿Quiénes son las víctimas en Guatemala? • 98% de las víctimas son adolescentes entre los 15 y los 17 años. • 58% de las víctimas son de Guatemala, el resto de otros países de la región, principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala (trata). • Gran mayoría de las víctimas están excluidas del sistema educativo (98%). • 20% de las víctimas sufrió además abusos sexual antes de cumplir 12 años, y en la mayoría de los casos no hubo denuncia. • Son víctimas de todas las formas de explotación sexual comercial, pero principalmente son utilizadas en actividades sexuales remuneradas. • 52% ha sufrido insultos y humillaciones de la gente en general y 38% ha sufrido, además, desprecio de la familia. OIT/IPEC, 2003 (entrevista a 100 niños, niñas y adolescentes víctimas) AVANCES EN LA REGIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL REFORMAS PENALES Costa Rica, 1999 Ley 7899 “Ley contra la explotación sexual de las personas menores de edad” (actualmente en proceso de redacción un anteproyecto de reforma) El Salvador, 2003 Decreto No. 210 (Reformas al Código Penal) Panamá, 2004 Ley No. 16 “que dicta disposiciones para la prevención y tipificación de delitos contra la integridad y la libertad sexual, y modifica y adiciona artículos a los Códigos Penal y Judicial” Honduras, 2005 Decreto de reformas al título II del Código Penal el cual adiciona un Capítulo nuevo referente a los Delitos de Explotación Sexual Comercial Guatemala, Reforma parcial 2005 Decreto 14-2005 (Reforma parcial al Código Penal, art. 194. Trata de Personas) Iniciativa de Ley 2630 (actualmente en el Congreso) Nicaragua, 2006 Ley de Reforma y adiciones al Código Penal de la República de Nicaragua (actualmente en el Congreso) Actualmente en Guatemala el Congreso de la República conoce reformas al Código Penal, con el fin de tipificar la explotación sexual y la pornografía infantil, para la protección de la niñez y adolescencia. (debe entrar a tercera lectura) Estos son los nuevos artículos que se quieren incluir en el Código Penal Artículos nuevos del Código Penal: • Violencia Intrafamiliar (CONMUTABLE). • Maltrato contra personas menores de edad (CONMUTABLE). • Contratación y utilización de personas menores de edad en actividades peligrosas (CONMUTABLE). • Violación inducida (CONMUTABLE, SI ES MÁS DE TRES AÑOS LA PENA ENTONES NO). • Agresión a la intimidad sexual (CONMUTABLE). • Actividades sexuales remuneradas (CARCEL). • Exhibicionismo sexual (CARCEL). • Pornografía infantil (CARCEL, LA PENA SE AUMENTA EN UNA TERCERA PARTE SI LA VICTIMA FUERE MENOR DE TRECE AÑOS). • Turismo sexual (CARCEL). • Tramite irregular de adopciones (CARCEL). • Dilapidación de patrimonio familiar (CONMUTABLE). • Trafico de órganos o tejidos humanos (CARCEL). • Concepto de violencia psicológica (SE LLEVA A LA LEY ESPECIFICANDO QUE ES VIOLENCIA NADA MAS). Artículos para reforma del Código Penal: • Perdón de la persona ofendida (no procede en caso de delito de violación y abusos sexuales y si la victima es menor de edad o incapaz). • Prescripción de los delitos cometidos contra personas menores de edad o incapaces (CONMUTABLE). • Contagio venero (de transmisión sexual) (CONMUTABLE). • Omisión de auxilio (MULTA DE Q500). • Violación (CARCEL 8 A 12 AÑOS). • Abusos sexuales (Abusos deshonestos) (CARCEL SI ES MÁS DE 4 AÑOS LA CONDENA). • Corrupción propia e impropia (CONMUTABLE). • Proxenetismo y rufianearía (CARCEL). • Suposición de parto (CONMUTABLE). • Incumplimiento del deber alimentario y deber de asistencia (CONMUTABLE). Reformas al Código Procesal Penal: • Se reforma el articulo 24. Delitos a instancia de parte (no procede la conciliación y criterio de oportunidad para delitos sexuales) • Articulo 264. Prohibición de medidas sustitutivas para los artículos reformados. Reformas al Código Civil: • Se eleva la edad mínima para contraer matrimonio de los y las adolescentes a 16 años Es importante anotar que aunque muchos delitos son conmutables, las penas que se imponen en los artículos que se reforman aumentaron. Fuentes recomendadas: Nombre – Jorge Luis Ortega, presidente de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República.Tel.: (502) 59900425 Nombre – Alejandra Vásquez, Secretaria Ejecutiva del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.Tel.: (502) 56821540E-mail: movninez@c.net.gt Nombre - Lic. Marvin Rabanales, coordinador del Programa de Defensa y Denuncia de la Secretaría Ejecutiva de CIPRODENI Tel.: (502) 55110993 Nombre – Leonel Dubón de Casa Alianza. Tel.: (502) 5516-4597 Nombre – Héctor Dionisio, área legal, Casa Alianza.Tel.: (502) 5516-4590 Nombre - Maria Eugenia Villareal, directora de ETCAP.Tel.: (502) 55065354 Nombre – Josefina Arellano, procuradora de la niñez y adolescencia de la PGN.Tel.: (502) 57150491 Nombre – Justo Solórzano, Oficial de Proyecto de UNICEF.Tel.: (502) 552 82511 Nombre – Alexander Colop, Fiscalía de la Mujer, MP.Tel.: (502) 57154490 Linkshttp://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=22890http://www.unicef.org/guatemala/spanish/ |
